Planteamiento del problema

 

Guatemala es un país que se ha caracterizado socialmente por la cantidad de prejuicios que existen y la desinformación sobre ciertos temas, entre ellos el tema de la diversidad sexual, como consecuencia. Las personas de la comunidad LGBTIQ+ están constantemente en riesgo. La violencia sistémica alimentada por el prejuicio, la ideología y el conservadurismo del pueblo guatemalteco está en el centro de este pueblo que se centra en ataques, actos de discriminación y asesinatos.

Los perpetradores de delitos contra la comunidad LGBTI rara vez son identificados y procesados, lo que socava el sistema legal y los protege sin tener en cuenta los derechos de las personas vulnerables. Se les conoce como delitos de odio, sin embargo, al ser el “odio” al ser un sentimiento, no se puede demostrar completamente el daño físico o emocional al agraviado, eso también es un obstáculo para disminuir los delitos en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+. A nivel social existe discriminación, violencia y abuso por parte de las personas LGBT El gobierno de Guatemala no cuenta con un registro unificado de delitos contra la comunidad LGBT.

Guatemala tiene leyes en contra de la homosexualidad. El veredicto de culpabilidad, la prohibición real, refleja la continua violación internacional de las feministas, lesbianas, bisexuales y personas. Como "Primera información nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas de los derechos humanos de las personas de las de los derechos humanos de las de los derechos humanos de las personas de las de los derechos en más alto riesgo" aprobado por y Procuraduría de los Derechos. Humanos, OPS/OMS, UNUSIDA y USAID/PASCA (Programa C paratroameseri) al VIH), entre 2009 y 2010, las personas trans registraron 25 denuncias, todas enfocadas en agresiones físicas y violaciones al derecho a la vida, incluyendo cero.

Una y otra vez la misma comunidad guatemalteca -las personas, grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos- en su incansable lucha por la justicia, la dignidad y el bienestar humano, exigen y conducen a la creación de una Guatemala tolerante. Homofobia y transfobia libres. Las personas LGBTI+ viven en situaciones difíciles todos los días. Todavía 69 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, millones de gays, lesbianas y bisexuales viven con miedo de ser quienes son y mostrar quiénes son. En al menos 26 países, los homosexuales son castigados y la violencia no tiene precedentes en el mundo.

Guatemala es uno de esos países donde se necesita más conciencia y trabajo para eliminar la discriminación contra las personas diversas. Las personas de la comunidad son atacadas por la Iniciativa de Ley 5272, ahora Decreto 18-2022, es una ley discriminatoria, represiva, machista y homofóbica. El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro, el decreto 18-2022 es también una iniciativa altamente discriminatoria, pues prohíbe de manera explícita las uniones entre personas del mismo sexo al establecer que el matrimonio únicamente será reconocido cuando sea la unión de hecho entre una mujer y un hombre “de nacimiento”, y limita el derecho a la familia al negar la existencia de familias diversas. Esta ley hace también que las personas LGBTIQ+ pierdan sus derechos en el país.

Las personas de la diversidad sexual en Guatemala sufren la exclusión social de diferentes formas. Y si bien hay esfuerzos de los colectivos LGBTI+, una sociedad civil organizada en defensa de sus derechos, con una institucionalidad débil y un presupuesto público mermado por la corrupción, ser parte de una población invisible significa estar sometida a una violencia constante.

Para lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y otras identidades sexualmente diversas (tradicionalmente abreviadas como LGBTI+), vivir en Guatemala significa experimentar realidades que las personas heterosexuales y cisgénero no experimentan. Sin embargo, a nivel nacional no existen leyes ni marcos institucionales en los que esta población actúe como objeto y sujeto.

“En Guatemala todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos”, reza el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, aunque habla de libertad e igualdad, este postulado no garantiza por sí mismo ni siquiera una adecuada atención institucional a las personas de la diversidad sexual. Y no existe otro mecanismo legal para su protección.

Y es que no es fácil vivir en un país así. Las altas tasas de delincuencia y desempleo, combinadas con el acceso limitado a la justicia, la atención médica y la educación, hacen que la vida sea difícil en promedio, pero casi imposible para una persona LGBTI+. “Hay tres formas de obtener los derechos: un decreto en el que el ejecutivo los reconozca, una ley aprobada por el legislativo, o un poder judicial los legalice buscando justicia. Pero no vemos que ninguna de estas organizaciones sea progresista y reconozca los derechos de las personas LGBTI+ y lidere un cambio transformador para mejorar su atención y condiciones de vida”, explica Daniel Villatoro, director de Visibles, una ONG enfocada en las personas LGBTI+.

La ley propone eliminar la Educación Integral en Sexualidad, así como también propone censurar y dejar de hablar sobre temas LGBTI+, legisla en contra de la comunidad y mujeres. Esta ley carece de coherencia además de ser anticonstitucional y "Pro-Vida"

¿Qué atención estatal les brindan a las personas LGBTI+ en Guatemala? ¿La homofobia daña a la comunidad LGBTIQ+? ¿De qué manera afecta en el autoconcepto?